Resistiendo violencias desde una justicia feminista

Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de “un fuego”, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas, que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se conduelen.

—De Simone Seija Paseyro

Por Confluencia de Mujeres para la Acción Pública[1]

Índice

Resistiendo a las violencias desde una justicia feminista, pedagógica y desde la sana-acción

Por Confluencia de Mujeres para la Acción Pública[1]

A través de este artículo queremos construir una posibilidad para entender la justicia feminista como una alternativa a la justicia ordinaria, desde la experiencia de acción política, pedagógica y sanadora por la que apuesta la Confluencia de Mujeres. En un primer momento, realizamos una crítica a la justicia formal y una exposición de algunos patrones estructurales del estado que perpetúan las violencias basadas en género (VBG), no solo desde la falta de legitimidad de la justicia ordinaria y la violencia institucional del aparato judicial, sino desde lo que implica de manera diferencial para las mujeres, las afectaciones derivadas de un modelo económico y político que ha prevalecido en Colombia. Posteriormente, realizamos una exposición de las formas de justicia que han estado presentes en la organización y que se convierten en acciones propias de exigencia y reparación conjunta.

La Confluencia de Mujeres es una organización colombiana, feminista, popular que nace en 2009, en la actualidad tenemos incidencia en siete departamentos en Colombia, entre los que se encuentran Antioquia, Atlántico, Huila, Guaviare, Santander, Quindío y Valle del Cauca. Conformada por mujeres[2] populares, urbanas, campesinas, diversas en edad, etnia, sexualidad, mujeres artesanas, estudiantes, madres y, en general, aquellas que creen en la vida digna por un nuevo país, a través de la apuesta política centrada en cinco ejes de trabajo, vida libre de violencias, economía feminista y trabajo de las mujeres, defensa de la naturaleza y el territorio, cuerpos y sexualidades revolucionarias, disputa ideológica desde el feminismo popular. Esta construcción común se basa en principios antipatriarcales, anticapitalistas, decoloniales, a través del poder popular y la sororidad, y se desarrolla en todas las regiones articuladas.

Para la Confluencia, hablar de una vida digna para las mujeres implica generar reflexiones sobre lo que es justo, pues partimos del reconocimiento de la existencia de múltiples violencias derivadas de la regencia del sistema patriarcal y la heteronormatividad, más las imbricaciones con las prácticas y discursos del sistema capitalista y colonial, lo que deviene en racismos y sigue dibujando un panorama complejo para las mujeres urbanas y rurales, para alcanzar el disfrute de sus vidas y la sensación de seguridad en los territorios que habitan. En ese sentido, los feminismos latinoamericanos, como el feminismo popular, que reconoce a las mujeres como sujetos históricos y políticos, proponen la posición de legislar sobre nuestros cuerpos y vidas una justicia que parta de los contextos de las mujeres y no desde adentro de estructuras organizadas y legisladas por hombres. Proponemos una justicia feminista porque no solo nos reconocemos dentro de la crítica al sistema patriarcal, sino por la posibilidad de potenciar, a partir de las acciones públicas, una justicia que realmente esté con las mujeres, rompiendo con los códigos de silencio y la revictimización que permite que exista un continuum de violencias, una violación del derecho a la no repetición.

  • Crítica a la justicia formal

La misma organización del estado es patriarcal, surge ese sentimiento de no sentir un respaldo.

—Integrante de la Confluencia de Mujeres

Para la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, la justicia ordinaria carece de legitimidad, pues desconoce de manera estructural e histórica las VBG, la existencia de las relaciones de poder, las características de cada territorio y su cultura, y las particularidades de cada mujer, situación que se traduce en acciones aisladas por parte del estado que tienen consecuencias netamente de tipo jurídico.

Es por ello que las entidades encargadas de impartir justicia en Colombia tienen una visión de justicia neoliberal que se agota en lo sancionatorio y punitivo, y quienes la conforman replican prácticas que revictimizan y violentan a las mujeres a lo largo de sus procesos de denuncia. En este sentido, surge la necesidad de visibilizar la sistematicidad de la violencia institucional en Colombia y la responsabilidad de la estructura estatal no solo por la omisión en la aplicación de una política preventiva en materia de VBG y la impunidad en los procesos judiciales, sino por las acciones realizadas por cada una de sus instituciones.

De igual manera, creemos que la justicia ordinaria desconoce múltiples violencias que sufren las mujeres y que estas coexisten; por tanto, vemos cómo el estado se enfoca de manera somera en las violencias que están tipificadas en el ordenamiento jurídico, que son las que han tenido mayor visibilidad —como las físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales, etc— y que, aunque siguen siendo importantes, no son las únicas.

La existencia de un ordenamiento jurídico que se “preocupa” superfluamente por la responsabilidad del estado frente al cumplimiento de los estándares internacionales no resuelve de manera estructural las desigualdades y las múltiples VBG que sufren las mujeres, menos cuando ha sido este, en su esencia y con la materialización de las políticas nacionales, el causante de las mismas.

Hay una debilidad del estado frente a las violencias en contra de las mujeres. [Por eso se pensó] un espacio propio, donde haya unas formas de denuncias propias, alternativas, de escucharnos, y ver otras violencias, que visibilice no solamente las violencias machistas, los feminicidios, sino hacer visibles las otras violencias del patriarcado desde la complejidad de lo que significa el sistema patriarcal, más allá de las relaciones asimétricas de género, ver el conjunto de violencia desde las estructuras de poder, entender a la violencia como estructural, que somos las más empobrecidas, nuestras condiciones laborales, ahí fue clave denunciar las violencias de las mujeres en la fábrica textil y la de las compañeras indígenas, que tiene que ver con el lugar territorial, racial. (Entrevista a organizadora del Tribunal a la Justicia Patriarcal, diciembre de 2021)

Entonces, tenemos que, además del sistema judicial, a través del ineficaz cumplimiento de la norma y de la reproducción de sus instituciones de prácticas machistas y misóginas, se ejerce otras violencias, pues creemos que las políticas neoliberales —como la extractiva, entre otras—, han tenido consecuencias particulares en las vidas de las mujeres urbanas y rurales. A continuación presentamos problemáticas que afectan negativamente la vida las mujeres.

  • El extractivismo y el narcotráfico: causas estructurales de las VBG

Para las compañeras de la Confluencia de Mujeres, no se puede hablar de VBG sin mencionar al extractivismo, pues esta práctica de despojo no solo genera cambios en el modelo de vida económico de las comunidades, sino una pérdida en la identidad y su cultura. La colonización y la utilización de los territorios para cultivos como la coca, la explotación petrolera, la minería a gran escala, las hidroeléctricas, la tala de árboles y en general cualquier monocultivo —prácticas generalmente realizadas por multinacionales, empresas privadas y grupos armados dedicados al narcotráfico— traen una serie de vulneraciones particulares en las vidas de las mujeres, con las que estas son instrumentalizadas, desconocidas por todos los actores, explotadas sexualmente y tratadas como objetos de cambio.

La coca llega con fuerza en el 79 al Guaviare, en el 88 ya estaba en auge, entonces la gente venía a rebuscarse la vida con este negocio, colonizando, fundando fincas para poder cultivar, los Nukak se convirtieron en raspachines, recolectores de hoja de coca. Las mujeres fueron usadas como cocineras y algunos individuos llegaban a robarse a las niñas para tenerlas como “esposas”, eso en una especie de secuestro, de matrimonio forzado, se identificó en el contexto, que, con el asedio, muchos familiares resultaron heridos por defender a las mujeres. Ya con toda la guerra, ya están los temas de violencia sexual asociados al conflicto armado, pasan de ser forzados a otro tipo de relaciones donde a las niñas menores de 14 las tienen como esclavas. (Entrevista a compañera de Confluencia de Mujeres Guaviare, diciembre de 2021)

  • La militarización de los cuerpos y territorios: causas estructurales de las VBG

Otra de las problemáticas que el estado no tiene en cuenta en las violencias que sufren las mujeres, y en lo que hay una responsabilidad internacional por acción y por omisión, tiene que ver con la militarización de los territorios, situación que se da en un escenario de guerra, donde hay presencia de grupos armados ilegales, como la fuerza pública. Según algunas compañeras, el estado sigue insistiendo en que la única forma de acabar con el conflicto armado, el narcotráfico y tener el control territorial es la respuesta militar, obviando propuestas diferentes realizadas por organizaciones y procesos comunitarios de hombres y mujeres campesinas, en las que se presentan alternativas adicionales para solucionar las problemáticas de la región, que no tienen que ver con la presencia de los batallones.

Entonces, hablamos de que esta presencia ha propiciado las mismas prácticas de violencia sexual, esclavitud y trata de personas, porque la fuerza pública sigue respondiendo a lógicas de la política institucional de seguridad y al cuidado del modelo capitalista, reproduciendo el control sobre los cuerpos de las mujeres.

Los militares se encaran para que en ese territorio no se siga invadiendo, pero ahí están ellos, no han dejado de invadir, y sabemos que hay casos de violencias relacionados con la fuerza armada, y el estado insiste [en] que la respuesta es militar. Al estado insistir [en] que la respuesta a la coca es militar, insiste en que se replique casos de violencia sexual, que haya otros actores armados y que sean escenarios de disputa. (Entrevista a compañera de Confluencia de Mujeres Guaviare, diciembre de 2021)

Experiencias de justicia feminista de la Confluencia de Mujeres

Hemos hablado de algunas de las causas estructurales que para la organización aumentan las brechas de desigualdad y reproducen las VBG por parte del estado, no solo en su sistema judicial, sino en toda su estructura. A continuación, mencionaremos algunas de las prácticas de justicia feminista que se han venido desarrollando en la Confluencia de Mujeres y que se presentan como una alternativa legítima a la justicia formal.

  • Tribunal a la Justicia Patriarcal: práctica alternativa a la justicia ordinaria

El Tribunal a la Justicia Patriarcal en Colombia, realizado el 10 de diciembre de 2018, en la ciudad de Bogotá, reunió a diversas mujeres de diferentes territorios del país, desde el Atlántico, los Santanderes, Magdalena Medio, Arauca, Antioquia, Huila, Guaviare, Quindío, Cundinamarca y Cauca. Este escenario de juntanza se construyó como estrategia de movilización para hacer un juicio simbólico y ético a la justicia patriarcal que impera en las instituciones del estado y de la sociedad colombiana.

El Tribunal tenía por objetivo hacer una denuncia pública nacional a la justicia patriarcal que opera en Colombia. Para lograr este fin se dispuso: (a) avanzar en la articulación con el movimiento de mujeres, comunidad LGTBI y demás organizaciones sociales y académicas para lograr una denuncia pública de alto impacto e incidencia nacional; toda la estrategia del Tribunal se enfocó en (b) visibilizar, a partir de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos de las mujeres, como sujetas individuales y colectivas, (c) las particularidades de la violencia contra las mujeres urbanas, permitiendo (d) analizar la forma de operar del sistema de justicia a partir de los casos y presentando la diversidad de formas que toma la justicia feminista a través del (e) compartir de experiencias de justicia alternativa que se han generado para prevenir y abordar las violencias contra las mujeres presentadas en diferentes comunidades.

El espacio y el proceso evidenciaron una estrategia de denuncia, incidencia política y articulación que expresa la violencia estructural e institucional materializada en las omisiones y prejuicios que acarrean las diferentes instituciones, desde la justicia y protección, hasta las educativas, familiares y de respaldo a los derechos colectivos. Además, constituye un espacio de sororidad y remiendo de nuestras heridas creadas por el patriarcado y su interlocución con otros sistemas opresores.

Este juicio ético y simbólico tuvo como referente el evento de 2017 llevado a cabo en Resistencia, Argentina: el Primer Tribunal del Juicio Público Ético y Feminista a la Justicia Patriarcal. Allí se reunieron mujeres de varios territorios de América Latina para denunciar las múltiples formas de violencia que los estados han ejercido sobre sus cuerpos, violencias que nacen de la operacionalidad del patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. El Tribunal a la Justicia Patriarcal también tuvo como antecedentes los juicios éticos contra el despojo y al negocio de la salud, realizados en Colombia durante 2013 y 2014, respectivamente. El Tribunal vino enriqueciéndose a partir de estas experiencias y de las articulaciones entre organizaciones para implementar un espacio político y pedagógico que visibilizara las violencias que vivimos las mujeres, sexualidades no hegemónicas, personas no binarias; violencias que se profundizan y van en continuum por la coexistencia de sistemas de dominación: patriarcado, heteronormatividad, capitalismo y colonialismo. Compartimos algunas de las reflexiones colectivas frente a las herramientas usadas por las compañeras.

  • El escrache: alternativa de denuncia

Una de las formas de justicia feminista a la que recurren las mujeres, y que algunas compañeras de la Confluencia de Mujeres ponen de presente, es la denuncia pública a través de redes sociales, más conocida como escrache.[3] Esto, como consecuencia de la deslegitimidad y la violencia institucional ocasionada por la justicia ordinaria, y por el derecho de las mujeres a acceder a una justicia restaurativa, que exponga la verdad y garantice la no repetición de los hechos violentos, además de sancionar socialmente a quien los comete.

Comadritas que denuncian

que recurren al escrache

esta copla les abraza

les creemos el mensaje.

—Rajaleña, Arrechera Bambuquera

A pesar de que esta práctica ha comenzado a ser utilizada con más frecuencia en los últimos años, para una compañera de la Confluencia de Mujeres, cuando se trata de usar el escrache de manera colectiva, considera necesario tener una estrategia de contención que acompañe a la víctima, pues la exposición de los hechos genera acciones de revictimización a través de los medios donde se expone. También es importante contar con el consentimiento de la víctima, porque ella es la única capaz de decidir la forma en que desea ser restaurada.

Me parece que, con todo ese fenómeno del escrache, es importante querer caracterizar esa apuesta de justicia feminista que tenemos, porque si bien yo le creo, yo también respeto su decisión y también tengo que medir las capacidades que tengo o no tengo para sostenerla. En este ejercicio de acompañar procesos de violencia, lo que usted siempre se va encontrar es una denuncia por injuria y calumnia, siempre, y usted violada, maltratada por la fiscalía y tener que ir a responder por una denuncia por injuria y calumnia es horrible, usted no tiene por qué soportar eso. (Entrevista a compañera de Confluencia de Mujeres Neiva, agosto de 2021)

  • Movilización social

Otra de las formas en que las mujeres de la Confluencia consideran que se hace justicia feminista es a través de la movilización social. Para muchas, la calle se vuelve un espacio que posibilita denunciar y exigir al estado la respuesta a los hechos de violencia, así como el derecho y la garantía de las mujeres a una vida libre de violencias; o simplemente es el mejor escenario para demandar la protección que debe garantizarnos como ciudadanas.

También, es la posibilidad de escucharnos, de movilizarnos alrededor de la indignación que nos generan las violencias en contra de las mujeres, poder gritar en la calle lo que nos atraviese. La calle es un lugar muy poderoso que nos permite gritarle a la institucionalidad y a la sociedad lo que nos pasa y nuestros cansancios. (Entrevista a compañera de Confluencia de Mujeres Neiva, diciembre de 2021)

La denuncia pública a través de la movilización social es una apuesta política de la Confluencia de Mujeres y de muchas organizaciones de mujeres, con la que se reconocen grandes logros, para que los hechos de violencia no queden impunes, o para que haya más celeridad en los procesos judiciales, sumado al respaldo a las víctimas y sus familiares. Asimismo, a partir de ese escenario de encuentro, se ha materializado el marco normativo, que, aunque no resuelve la estructura de las violencias, es una ganancia en cuanto a los derechos de las mujeres.

  • La mística y el cuidado

La apuesta de la acción de justicia feminista debe recogerse en el cuidado como principio político feminista, para analizar los diferentes panoramas de la acción y, especialmente, tener en cuenta el abrazo (cuidado) a las mujeres sobrevivientes.

Desde el reconocimiento de los conocimientos, la potencialidad de nuestras subjetividades, la magia y la espiritualidad como otros lenguajes para juntarnos, para crear otras miradas, y, por supuesto, el respeto hacia la naturaleza, entendiendo nuestros cuerpos como parte de ella, de los territorios que habitamos, hacemos justicia feminista reclamando nuestro cuerpo como espacio vital.

Para nosotras, hablar de justicia implica liberar el dolor que han cargado nuestros cuerpos por las violencias estructurales y simbólicas que el patriarcado, la heteronorma, el capitalismo, la colonización han impreso en ellos; y esta liberación solo puede hacerse de la mano de acciones que potencien el grito y la escucha de las mujeres (los procesos de Tribunal, el acompañamiento en la denuncia, la movilización), la posibilidad de reparar una violencia arraigada en la colonialidad (los procesos de economías feministas y defensa del territorio, la mística). Si seguimos ignorando que la justicia abarca todos los escenarios de nuestro cuerpo-territorio, la sanación y la no repetición como principios de la justicia feminista serían una simple ilusión. La justicia feminista no se puede construir sin entender la complejidad de nuestras realidades, como mujeres, como humanidad.

Discusiones sobre justicia feminista a partir del Tribunal

La justicia feminista no es una justicia del castigo, pero tampoco es una justicia de la impunidad.

Paola Bonavitta

Cuando hablamos de justicia feminista partimos de una reflexión que pasa por el cuerpo, construida en la experiencia y por las apuestas ético-políticas de las mujeres. En consecuencia, hablar de justicia feminista implica entender las discusiones que nos surgen como sujetas diversas.

Las discusiones que se esbozan aquí nacen a partir de las disputas y la pluralidad del pensamiento de las mujeres. Ofrecen cuestionamientos sobre el papel del estado en la justicia feminista y la responsabilidad del sistema capitalista a partir de políticas extractivistas en la perdurabilidad de las VBG y la violencia epistemológica hacia las comunidades étnicas. Además, estas discusiones nos abren la posibilidad de entender la justicia feminista como un escenario de interdependencia de diferentes aspectos que desbordan la característica punitiva de la justicia estatal.

  • ¿Cuál es el papel del estado en la justicia feminista?

Una de las discusiones más importantes sobre la justicia feminista es el papel del estado. En este escenario partimos de la claridad de que la justicia construida desde el estado encarna las prácticas y discursos del patriarcado, desde el machismo y la misoginia, con acciones puntuales que reafirman la discriminación de género como la revictimización por parte de los y las funcionarias que deben ser garantes de derechos.

No obstante, teniendo en cuenta las relaciones de poder entretejidas entre sistemas de dominación, como el patriarcado y la heteronormatividad —sin dejar de lado el capitalismo y el colonialismo—, que fluyen por las instituciones estatales, se esbozan dos posturas. Por un lado, tenemos la posición de una justicia feminista que exija al estado cumplir su papel de castigador, reparador y garante de la no repetición, es decir, una justicia donde el estado es un actor activo y el principal garante para acabar con las VBG. Según esta postura la justicia feminista entra en conflicto entre la ejecución de la justicia estatal y la exigencia y pugna por parte de las mujeres y organizaciones.

La otra posición ubica al estado como un actor antagónico,[4] pues dentro de su estructura sigue condensando prácticas patriarcales, racistas, coloniales, clasistas. Como lo mencionan María Eugenia Gastiazoro, Candelaria Sgró Ruata y Paola Bonavitta (2021, 790), en Latinoamérica la justicia no excluye las expresiones y la lengua colonizadora, ocultando las pluralidades de realidades que viven las mujeres y nuestros territorios. Por lo tanto, la construcción de justicia feminista debería estar por fuera de los escenarios que ofrece la justicia estatal, escenarios que se rigen por las reglas de la relación de poder estado-mujeres.

Esta postura también relaciona al estado como actor responsable de las violencias, pero exige la no intervención desde su visión de justicia, que es individualizadora y punitiva, noción que no se acerca a la concepción de justicia-reparación concebida por las mujeres Nukak y sus comunidades. Entonces, al entenderlo como un actor antagónico, parte del conflicto, la construcción de justicia feminista, va más allá de la concepción dominante de justicia ordinaria y nos lleva a preguntarnos, desde una mirada feminista y decolonial: ¿qué afectaciones han tenido las VBG en nuestra construcción de sociedad? ¿Cómo el extractivismo y sus prácticas de explotación se han reflejado en el despojo de los cuerpos-territorios?

Ambas posiciones sobre el papel del estado nos llevan a seguir reflexionando al respecto, partiendo del contextualismo. Consideramos que las dos posturas no deben excluirse, pero esto implica incorporar en nuestras nociones de justicia feminista una mirada decolonial, que realmente cuestione las relaciones de poder construidas desde las prácticas arraigadas en la cultura.

  • La interdependencia del contextualismo, la reparación-sanación y la no repetición de la justicia feminista

Hemos hablado de la justicia feminista como un escenario para la sanación por la construcción de confianza, la resignificación y la escucha a las voces de las mujeres que las estructuras de justicia y la sociedad han callado o ignorado por años. Además, traemos la discusión de una justicia que no se enfoque en el castigo sino en la reparación de las mujeres sobrevivientes, que acerque las acciones a la realidad de estas, de las comunidades, incluso al análisis del contexto del agresor.

En este sentido, el espacio del Tribunal nos permitió comprender que en la justicia feminista hay una interdependencia de tres aspectos resonantes en este apartado: contextualismo, reparación-cuidado y no repetición.

El contextualismo comprende una lectura de las experiencias de las mujeres sobrevivientes, pero también implica una comprensión de las particularidades del contexto de las mujeres, no solo desde una mirada territorial, sino que se interconecte con la operacionalidad del sistema patriarcal en el territorio; si interviene el conflicto armado, ¿cómo son las relaciones de poder alrededor de la categoría género en instituciones sociales como la familia, la religión, los entornos educativos, entre otros?, ¿qué redes de apoyo existen en sus territorios? El análisis del contexto lleva a construir herramientas que se acerquen más a las realidades de las mujeres, y podría arrojar elementos importantes para establecer alternativas encaminadas hacia la reparación.

La reparación implica partir de la escucha y continuar con el acompañamiento desde las instituciones que deben garantizarla, los entornos cercanos (familias, redes de apoyo, colectivas) y la sociedad en general, a partir de la conciencia de cómo opera el sistema patriarcal; por ejemplo, encontrando medios de comunicación que no victimicen a la mujer.

Cuando hablamos de la no repetición, nos referimos a un aspecto que garantice que se elimine el continuum de violencias que viven las mujeres tras ser víctimas de una agresión o discriminación por su género; desde el movimiento de mujeres y LGBTI, se ha trabajado en la denuncia y la visibilización de la persistencia de las violencias.

En lo que nos compete como Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, el acompañamiento como estrategia de reparación se enfoca en acoger y contener a las mujeres sobrevivientes. Esta posibilidad de abrazarlas implica una responsabilidad en el conocimiento de las rutas, las redes que se pueden tejer y el cuidado de la organización misma; en consecuencia, esta posibilidad de acompañar se debe hacer en manada, esto es, crear alianzas con otras, con organizaciones que puedan sostener a las mujeres desde la perspectiva de género y la apuesta feminista. Este proceso de acompañamiento nos está demandando la puesta en escena de la sororidad y de la pedagogía como herramienta para conocer y reflexionar sobre el entramado que lleva acompañar un caso.

Referencias

  • Gastiazoro, M. E., Sgró Ruata, C., y Bonavitta, P. (2021). Justicia en clave feminista y comunitaria: des(bordes) frente a las institucionalidades patriarcales. Revista PURIQ 3 (4), 780-796.
  • Mouffe, Ch. (2007). En torno a lo político. Fondo de Cultura Económica.

[1] Este escrito es una construcción colectiva de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública. No obstante, mencionamos a quienes lo realizaron: Jenny Alexandra Herrera Martínez y Gabriela Fernández, con base en la investigación “Sistematización del Primer Tribunal a la Justicia Patriarcal en Colombia. Por una Justicia Feminista”, realizada por Jenny Alexandra Herrera Martínez y Viviana M. Ospina Restrepo.

[2] Entendemos a las mujeres como una categoría construida a partir de la asignación de roles y estereotipos de diferenciación asociados a lo femenino, esta asignación se circunscribe en relaciones de poder asimétricas con respecto del contrario masculino. Por lo tanto, cuando hablamos de mujeres no solo hablamos de mujeres cisgénero (personas que se identifican con el fenotipo sexual con el que nacieron), también nos referimos a las mujeres trans, personas con una identidad fluida (cuya identidad no se basa en el binario femenino-masculino).

[3] Denuncias públicas —individuales o agregadas— por discriminación, violencia, acoso o abuso, realizadas por redes sociales. Sentencia, T 275-21, Corte Constitucional Colombiana.

[4] Se habla de antagónico en el sentido político, como actor que tiene un discurso y unas prácticas que son contrarias a las que se proponen, en este caso, desde la justicia feminista. En este punto estamos entendiendo el antagonismo como la posibilidad de construir desde el conflicto (Mouffe, 2007).