Marisabel García Acelas[1]
Aunque el Gobierno progresista de Gustavo Petro le dio a Colombia la esperanza de poder lograr las transformaciones sociales que las amplias mayorías habían exigido en los estallidos sociales de 2019 y 2021, en la práctica solo se han logrado los cambios que benefician al capital. Una de sus promesas de trabajo es la Transición Energética del país; sin embargo, tanto los déficits de la propuesta que sobre este asunto ha construido la actual administración, como las trabas burocráticas y políticas que le han puesto, han ocasionado que ese proyecto de cambio se encuentre frenado. Este artículo hace un balance de cómo se ha desarrollado el tema y también propone acciones que pueden contribuir a que la Transición Energética tenga mucho de soberanía y autonomía para el pueblo colombiano.
Descarga Breve balance del gobierno Petro y su apuesta de Transición Energética en Colombia
El proyecto del cambio y sus límites
El gobierno progresista de Gustavo Petro y Francia Márquez llegó al poder con una apuesta de cambio y transformaciones profundas. Su agenda tiene como antecedente el clamor de amplios sectores sociales que protagonizaron las movilizaciones recientes y que demandaron acceso a salud, educación, trabajo digno, mayor participación y soluciones para la crisis económica y social del país. En esa perspectiva, el enfoque central del plan de gobierno ha sido el de ampliar el papel del Estado en la economía y recuperar sectores estratégicos anclados al capital privado —como el energético—, razón por la cual han sido precisamente los límites del capital y los errores de la gestión política propia los que ponen en la actualidad un freno de mano a la alternativa de cambio que con gran expectativa amplios sectores apoyaron en las urnas.
La Reforma Tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo fueron rápidamente aprobados debido a su relación con la rentabilidad del capital, la estabilidad macroeconómica del país y los planes de gastos funcionales al empresariado y la banca. Dicha acción se explica en función al Acuerdo Nacional que llevó al poder al Pacto Histórico y a la cercanía de los partidos de derecha al mismo, en función de la aprobación de medidas iniciales que les dieran un amplio movimiento. No pasó igual con las reformas sociales, cuyo contenido pretendía la disminución del manejo del presupuesto de la empresa privada (empresas prestadoras de salud, universidades, federaciones, gremios), bajo una perspectiva de transición para la distribución de ingresos e inversiones, alternativa que respondía precisamente a la agudización de las contradicciones de clase, y que fue frenada rápidamente.
Así, las reformas de educación, salud, lo laboral, pensional y agraria —centrales para paliar la difícil situación de las mayorías— han sido torpedeadas en el cabildeo realizado en el Congreso de la República, compuesto en su mayoría por las elites tradicionales. Para lograr su aprobación, el gobierno buscó generar alianza con los partidos menos radicales de la derecha y, de otro lado, convocó al pueblo a amplias movilizaciones en defensa de estas (que hasta el momento no se ha volcado masivamente a las calles a validar su gestión). Otro punto a analizar resulta la relación con los movimientos sociales organizados, la cual sí presenta un avance que impulsa políticas progresistas en materia de educación, ambiente, tierras y trabajo; pero no se logra profundizar en una apuesta de largo aliento con cambios estructurales que ubiquen un futuro alternativo para el país, impulsado y legitimado por las mayorías. En consecuencia, esta situación pendular lleva al gobierno nacional a hacer un llamado permanente al movimiento social para defender los cambios y, al mismo tiempo, desarrollar políticas que no son traumáticas para el capital, generando un escenario de transición controlado y pactado con los grandes grupos económicos, situación que profundiza la frustración de las mayorías sobre los cambios reales.
A la preocupante situación se suma tanto el viro a la derecha de sectores de la coalición del Acuerdo Nacional —cuyo mejor ejemplo es el Partido Verde— como la creciente derechización de poderes locales, que se hizo evidente en el resultado de las elecciones de gobernadores y alcaldes llevadas a cabo en octubre de 2023. Hoy, la alianza de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, de la U y Conservador se profundiza y amplía con sectores de derecha dentro del Partido Verde y Liberal, cuyo foco es la campaña presidencial de 2026, por lo que trabajan incansablemente en minar la confianza que construyó el gobierno con las mayorías que lo eligieron y preparan los alfiles para el proceso electoral.
Se puede plantear que el gobierno se encuentra en importantes aprietos para su continuidad en un futuro próximo y que buena parte de esta situación es causada por las élites nacionales y sus intereses económicos, que han actuado en bloque con los medios de comunicación, la acción paramilitar que se impone en varias regiones, la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y las Altas Cortes (como, por ejemplo, en la tortuosa elección de la Fiscal General de la Nación). Tal presión ha llevado a que cada vez más el gobierno privilegie acercamientos con los dueños del capital, como ha quedado en evidencia con la compra de tierras a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) en el proceso de restitución de tierras, o con la adjudicación de millonarios contratos a clanes regionales.
Propuesta hacia un modelo de Transición Energética
Una de las apuestas centrales del gobierno nacional ha sido avanzar en un modelo de Transición Energética (TE) que cuente con mayor peso de la inversión pública y la ampliación del manejo comunitario de dichos recursos. En ese marco, la proyección ha superado los límites que le plantea el mercado al condicionar el problema energético a una relación de oferta y demanda, y el debate ha ido escalonando en discusiones de acceso, participación, democratización y equidad. Esta ambiciosa propuesta ha chocado con los límites de su implementación, específicamente con la necesidad de sobrepasar su carácter asistencialista y de nivel local, para solventar de manera soberana y ambientalmente sostenible la producción energética nacional.
El modelo de Transición Energética que se ha gestionado busca legitimar las transformaciones por medio de la política pública. Lo más actualizado en esa materia está contenido en dos documentos rectores: el CONPES 4075 (Departamento Nacional de Planeación, 2022), y el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2234, del 2023). Ambos
documentos se ubican en el eje de transformación productiva y acción climática, donde se enfatiza en el hecho de que los usuarios podrán “generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos” (Ministerio de Minas y Energía, 2023), perspectiva novedosa en la medida en que el financiamiento pasaría directamente a las organizaciones sociales.
Los lineamientos de la política propuesta por el gobierno nacional podrían resumirse en:
- Vincular activamente, a través de financiamiento público directo, a los pequeños productores, cooperativas y ciudadanías en el proceso de generación de energías limpias, priorizando a las Zonas No Interconectadas en lo que se conoce como Comunidades Energéticas, y priorizando la producción de energía solar en la
Guajira, por medio de un modelo de economía mixta con el pueblo Wayúu, los trabajadores del carbón y los municipios. - Crear un fondo para la transición energética, que se nutrirá de recursos de las regalías de la explotación de petróleo, carbón y las hidroeléctricas; así como potenciar la creación del Instituto Nacional de Energías Limpias.
- Rescatar la selva amazónica a través de la venta de bonos de carbono y el aumento de las tarifas impositivas a los productos intensivos en dióxido de carbono.
- Ecopetrol garantizará combustibles para los próximos 15 años, avanzando su aporte en la industria petroquímica e incursionando en la producción de energías limpias. Además de la detención de los proyectos pilotos de fracking, explotación o exploración de yacimientos costa afuera y la suspensión de nuevas licencias para la explotación de petróleo, en respeto de las decisiones de las consultas populares.
- Proteger la pequeña minería, ancestral y artesanal, apoyándola técnica y económicamente para que logre avanzar a formas de producción superiores, que minimicen su impacto ambiental.
- De las 15 489 comunidades energéticas postuladas a la fecha, ninguna ha iniciado por causa del trámite que implica dicha iniciativa en relación a la transferencia de recursos y el cumplimiento de las metas por parte de los beneficiarios.
- El fondo de transición energética aún no entra en funcionamiento y no se conoce su articulación con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), creado en el 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
- La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, como referente de articulación del movimiento social campesino y étnico en el país, se ha mantenido crítica con la implementación de bonos de carbono, en lo que ha denunciado como capitalismo verde, donde pocos recursos se quedan en los países que se dedican a la conservación, mientras las potencias industriales siguen incrementado sus ganancias y la contaminación del planeta.
- Para que Ecopetrol cumpla con lo proyectado, debe tecnificar y diversificar el proceso de producción de energía. Sin embargo, los trabajadores organizados en la Unión Sindical Obrera han manifestado que, para avanzar en esa perspectiva, Ecopetrol debe ser nacionalizada, lo que implica que el Estado compre las acciones que fueron privatizadas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que, paralelamente, avance en la recuperación estatal de los contratos más importantes de explotación petrolera por parte de capital extranjero —situación que tampoco ha tenido luz verde.
- Aunque es importante apoyar la transición de la pequeña minería, ancestral y artesanal a formas de producción limpias, si estas no cuentan con al apalancamiento de una empresa público-popular, tal como lo ha propuesto la Agencia Nacional de Minería, esta apuesta no pasará del asistencialismo de las federaciones locales.
- La generación de energía en el país, en su mayoría, depende de seis (6) empresas que controlan el 80 % del mercado, de las cuales tres (3) tienen capitales transnacionales. Por lo anterior, se debe garantizar que la
generación sea controlada en su totalidad por medio de empresas públicas para que sus excedentes se dirijan a garantizar la cobertura total del sistema energético y las investigaciones en TE. - Ecopetrol debe dejar de ser una empresa mixta y convertirse en una empresa 100 % estatal que, además de controlar la producción de combustibles fósiles, maneje la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía a nivel nacional; así como se debe avanzar paralelamente en la producción de energías limpias.
Sin embargo, el nivel de avance obtenido bajo esta proyección es mínimo. En términos generales, los incumplimientos y límites se pueden sintetizar en:
En proyección, el gobierno nacional busca vincular a la base social a su política de transición energética, evitando que los recursos se queden en manos de la intermediación de las entidades territoriales o de operadores externos, a la vez que va posicionando su agenda de lucha contra el cambio climático.
Efectivamente, pretende vincular a las comunidades en el proceso de producción de energía para atender su propia demanda a través de fuentes no convencionales de energía renovable, y si esto se lograra ejecutar, seguramente tendrá impactos sobre la descarbonización de la economía, la descentralización en la generación de energía y el aprovechamiento comunitario de los recursos energéticos.
Esta propuesta de TE, con un fuerte asiento en lo local, es un avance importante en relación a la política pública de gobiernos anteriores, pues se convierte en punta de lanza para el sector, en relación a lo poco propuesto por los sectores sociales en la actualidad. Sin embargo, hay que plantear también que es limitada en cuanto a que no transforma la actual concentración de la energía en pocas empresas y, en últimas, no disputa el mercado nacional ni la prestación del bien colectivo energético. Como aportes para la discusión, es relevante mencionar algunas propuestas que pueden contribuir a la TE en términos de soberanía y autonomía:
Con el fin de avanzar decididamente en la concreción de apuestas estructurales como la nacionalización de las empresas de sectores estratégicos (como el energético), es fundamental potenciar las iniciativas más progresistas del gobierno nacional con las luchas del movimiento social. Concretar políticas públicas que logren el avance de cambios reales, requerirá que el gobierno pendular opte por tener de lado al campo popular; solo así los beneficios obtenidos de los ajustes microeconómicos proyectados se pondrán al servicio de la solución de las necesidades más sentidas de la sociedad colombiana.
Referencias
Banco Mundial. (2022). El Banco Mundial apoya la acción climática en Colombia con un préstamo de US$ 1.000 millones [en línea]. Banco Mundial. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/12/20/el-banco-mundial-apoya-la-accion-climatica-en-colombia-con-un-prestamo-de-us-1-000-millones
Departamento Administrativo de la Función Pública. (2023). Ley 2294 de 2023. Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026): Colombia potencia mundial de la vida [en línea]. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=209510
Departamento Nacional de Planeación. (2022). CONPES 4075 del 29 de marzo de 2022: Política de Transición Energética [en línea]. Departamento Nacional de Planeación. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%
B3micos/4075.pdf
Ministerio de Minas y Energía. (2023). Decreto 2236 de 2023: Política de Transición Energética [en línea]. Departamento Nacional de Planeación. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?id=30050699
RTVC Noticias. (2022). Programa de Gobierno: Conoce las propuestas de Petro 2022. https://www.rtvcnoticias.com/programa-de-gobierno-gustavo-
petro-pdf
[1] Marisabel García Acelas. Socióloga, con Maestría en Estudios Latinoamericanos, candidata a Doctora. Docente Investigadora, integrante del Centro de Pensamiento y Teoría Crítica PRAXIS.
