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Introducción
Un video de un poco más de cinco minutos muestra cómo dos policías asfixiaron y atacaron con sostenidas descargas eléctricas a Javier Ordóñez, taxista y estudiante de Derecho de 43 años, padre de dos hijos, al que durante la filmación se le puede escuchar diciendo: “Paren, por favor, me ahogo…”. El video termina con Ordóñez siendo conducido, casi moribundo, a un Centro de Atención Inmediata2 (CAI) en Villa Luz, Engativá (Bogotá). Minutos más tarde, Ordóñez fue llevado sin signos vitales al hospital más cercano. Allí murió, como consecuencia de más de 40 golpes que le dañaron el hígado (según reza la autopsia3 ).
La mañana siguiente a estos hechos (el 9 de septiembre, Día de los Derechos Humanos en Colombia) el país se levantó indignado. Este asesinato colmaba muchas copas. El subdirector de la Policía, general Gustavo Moreno, salió a decir que el homicidio de Ordóñez no podía verse como algo institucional sino individual, y que no había lugar para pensar que la Policía en sí misma estaba mal. El presidente Iván Duque también dijo que había “que individualizar la responsabilidad”.
La organización no gubernamental (ONG) defensora de derechos humanos Temblores recoge4 en un reporte preliminar de su informe Bolillo, Dios y Patria que entre 2017 y 2019 fueron cometidos 639 homicidios, 40.481 casos de violencia física y 241 casos de violencia sexual a manos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los servicios de inteligencia colombianos. Dadas las condiciones de precariedad que se han hecho más visibles durante la cuarentena ocasionada por la Covid-19, sumadas a otros tres casos de brutalidad policial altamente difundidos, podría entenderse la indignación con la que la noche del 9 de septiembre se salió a las calles.
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*Paula Companioni: Periodista graduada en la Universidad de La Habana (Cuba) y comunicadora popular formada en el Centro Memorial Martin Luther King (Cuba). Editora de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa.
