Desafíos actuales del movimiento sindical ecuatoriano

Presentación

Este trabajo se compone de dos partes: en la primera reflexionamos sobre el 15 de noviembre de 1922, revisando brevemente el contexto en el que se produjeron la lucha popular y la barbarie del poder, los acontecimientos y las lecciones que se extrajeron.

En la segunda parte, tratamos de vincular las lecciones políticas que se desprenden del 15 de noviembre para reflexionar sobre los desafíos actuales del movimiento sindical, ubicándolos en el marco de las transformaciones que están en marcha.

Primera parte

El 15 de noviembre de 1922

“a vosotros [que], aunque obscuros y olvidados, sois los verdaderos héroes del progreso que ha alcanzado nuestra culta Guayaquil, durante los 100 años de nuestra vida independiente”.

José Navas

El mundo, América Latina, el Ecuador

En breve síntesis: a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se consolidó el tránsito del capitalismo de libre competencia al capitalismo monopólico; se fusionaron los grandes capitales de la banca y de la industria dando origen al capital financiero, convertido en el nuevo Hegemón de la acumulación capitalista. Así como las grandes potencias se esparcieron por todo el mundo, los grandes capitales domiciliados en ellas hicieron lo propio. Y el mundo fue dividido, configurándose, subordinadas a los centros imperialistas, tres categorías de países periféricos: las colonias, sin ningún tipo de autonomía, ni económica ni política ni militar; las semicolonias, países en tránsito a la condición colonial; y los países dependientes, aquellos que han logrado la independencia política formal, pero han caído bajo la dependencia económica.

El reparto del mundo trajo, empero nuevos conflictos, por la competencia entre los centros imperialistas en torno al control de los mercados y de las materias primas (y de los territorios donde ubican materias primas y mercados). La exacerbación de la competencia interimperialista estalló violentamente bajo la forma de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Pero la agudización de los conflictos de todo tipo dieron lugar también al ascenso de las luchas sociales de masas: la oleada de huelgas de inicios de siglo en Europa, las luchas contra formas pervivientes del antiguo régimen, como la primera revolución rusa de 1905, la revolución de los Jóvenes Turcos en 1908 o la primera revolución china de 1911.

Por fin, un fruto de la primera guerra mundial fueron las revoluciones socialistas: la triunfante segunda revolución rusa (febrero y octubre de 1917) y las derrotadas revoluciones alemana y húngara, que fueron abatidas sangrientamente.

Contemporáneamente, América Latina vivía también un período convulsivo. Por todas partes se hacía ya evidente la crisis de los estados oligárquicos, salidos del agotamiento de los procesos independentistas del primer tercio del siglo XIX. Las violentas disputas entre las principales facciones de la clase dominante se saldaban con guerras civiles, golpes militares, cuartelazos y el gobierno se turnaba entre caudillos militares o civiles-militares que prestaban la cara al dominio del bloque constituido por los grandes terratenientes, los grandes comerciantes de los puertos y el capital imperialista. El desarrollo del capitalismo era desigual, más rápido en Argentina o México, más lento en los restantes países, y se encontraba mimetizado con las formas sociales y políticas heredadas de la colonia y mantenidas por las nuevas repúblicas.

Esta particular combinación conjuntó también las cuestiones sociales irresueltas por las primeras repúblicas con las nuevas cuestiones sociales que emergían del capitalismo. Se originó así una oleada de movilizaciones masivas de protesta popular, que se esparcieron por todo el continente. Las nuevas clases medias bullían de inquietudes sociales y políticas. Grandes masas de trabajadores urbanos, pobladores de barrios pobres y peones agrícolas se enfrentaban a los patronos y a las autoridades estatales reclamando mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, establecimiento de la jornada laboral de 8 horas diarias o protestando contra el alto precio de las subsistencias y contra gobiernos tiránicos y corruptos; en fin, aspirando a una vida digna.

Pero en todas partes las demandas sociales chocaron con la actitud de dueños de hacienda, propia de los grupos dominantes, temerosos ahora de las nuevas revoluciones sociales que tocaban también a sus puertas: en 1910 inició la revolución mexicana, que despertó una ola de fervor y de convicción en la posibilidad de los cambios, y que abriría el arco temporal de las revoluciones populares, que se extendió hasta la revolución cubana de 1959, incluyendo la chaupi revolución de 1944 en Ecuador y la revolución boliviana de 1952. Pero también dieron inicios los protopopulismos, que coagularon en la forma propiamente populista un poco más tarde, en la segunda mitad de la década de 1920, con la fundación del Apra.

Como respuesta, la violencia del poder y el odio de los poderosos hacia los humildes se desataron en un lugar después de otro. En 1906, se produce la matanza de trabajadores tras la huelga de Cananea, en México; el mismo año, también en México, son masacrados los trabajadores de Río Blanco. Ambos hechos -según Flores Magón- forman parte de la cadena de luchas sociales que llevaron finalmente a la revolución.

Más tarde, recién iniciado el año de 1919, en Buenos Aires, Argentina, el ejército y la policía ametrallaron manifestaciones realizadas por los obreros de la metalúrgica Vasena y otros trabajadores y pobladores que los respaldaban. En una semana se contabilizaron al menos 700 muertos y miles de heridos y deportados.

Apenas más tarde, en 1920 y 1922, sobrevienen dos masacres más, esta vez en la Patagonia, también en la Argentina.

El bautizo de sangre traspasaba fronteras.

Las Organizaciones de Trabajadores Guayaquileños de inicios del siglo XX La crisis del sector agroexportador especialmente del cacao y la primera guerra mundial, modificaron la dinámica económica ecuatoriana. El desplazamiento de este sector potenció el crecimiento industrial destinado a la producción de azúcar y fomentó el desarrollo de otras actividades económicas semi industriales, pequeños comercios y del sector artesanal. (Chiriboga, 2013,310).

Esta situación ocasionó la expansión de la proletarización en el sector urbano por los movimientos migratorios del campo a la ciudad, pero también la pauperización de las clases trabajadoras debido al deterioro de los salarios y el aumento del costo de la vida (muchos de los bienes de subsistencia importados se incrementaron en un 70% entre 1914 y 1920) (Chiriboga, 2013,313), lo que acrecentó el descontento social (Ycaza, 2007,75).

Esta modernización de la sociedad con el impulso de la industria, se vio condicionada por la deflación internacional de posguerra (1920-1921) y la destrucción del capital interno, generada por la crisis del cacao, que afectó al proceso de acumulación interna, factores que incidieron en un menor desarrollo industrial en relación a otros países latinoamericanos.

En este ambiente se incentivó la presión de la sociedad por darse distintas formas asociativas proceso que venía desde años atrás; surgen así Centros feministas, como La Aurora, fundado en 1918, cuyo objetivo era la protección de la mujer y que produciría un órgano propio de difusión “la mujer ecuatoriana”; la Sociedad de Beneficencia Hijos del Guano, reorganizada en 1918; la Sociedad de Embetunadores del Calzado, fundada en 1919 para la beneficencia y el socorro mutuo de sus socios; la Sociedad de Electricistas, fundada en el mismo año se planteó proteger a sus miembros en lo referente al ejercicio de su profesión, combatir al empirismo que era visto como causante del descredito de los gremios y para proteger la honradez y la competencia por sobre los que tomaban su oficio con fines de conveniencia; la Sociedad de Abastecedores de Carbón que se constituyó con el fin de dar protección mutua a sus asociados; la Asociación 5 de Junio ”Eloy Alfaro” que tuvo como objetivos el auxilio de sus miembros en caso de enfermedad, fundar bibliotecas y secciones de recreo. (Navas, 1920,152). Es decir, estos años muestran un fortalecido tejido social entorno a la organización gremial.

¿Cuáles eran las condiciones organizativas de los obreros y artesanos?

Para Albornoz, el movimiento obrero ecuatoriano comienza su trayectoria en el siglo XX, y la ciudad de Guayaquil se constituiría en el centro de la formación de las primeras y más significativas organizaciones de trabajadores en el Ecuador.

Mucho tendría que ver su condición de puerto, por el cual circulaban, junto con las mercancías, las ideas y conocimientos procedentes del resto del mundo, traídos por marinos, y por la presencia de los migrantes, principalmente italianos, españoles y peruanos. Estos migrantes, cuya actividad principal era el comercio, dieron impulso a la producción de fideos y galletas, así como a las panaderías, ya que estaban ligados a la importación de harina.

Todas estas nuevas actividades requerían la contratación de trabajo asalariado; es decir, la diversificación y expansión industrial generó un gran contingente de nuevos obreros.¹

Las formas organizativas de los trabajadores de finales del siglo XIX hasta aproximadamente la primera década del XX: sociedades, asociaciones o gremios, fueron concebidas inicialmente como organizaciones multiclasistas, es decir que en ellas participaban tanto obreros como artesanos prósperos, pequeños empresarios y comerciantes; incluso recibían donaciones de los patronos y grandes propietarios. Eran organizaciones mutuales, que se preocupaban por la solidaridad, el fomento de la educación y la ayuda desinteresada de sus miembros. (Albornoz, 1983,6)

Tal orientación se manifiesta con claridad en los documentos de las propias organizaciones. El primer estatuto de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso plantea, entre sus objetivos, “Instruir a los obreros en las artes y oficios, mejorar las respectivas industrias, crear recursos por medio del ahorro para atender con ellos al progreso de la sociedad; proponer el adelanto intelectual de los que la componen y proveer al bienestar futuro de cada uno de sus miembros”.² El interés por el fomento de la educación motivó a que, desde estas organizaciones, se creen bibliotecas, escuelas e institutos, así como a la producción de periódicos y materiales de lectura, enfoque que las organizaciones laborales compartían con el liberalismo de la época.

En Guayaquil, las organizaciones obreras de este período (y ya desde finales del siglo XIX) fueron influenciadas por el liberalismo radical, por una corriente socialista liberal, por el comunismo y el anarquismo. Mientras tanto, las organizaciones artesanales y obreras de la sierra tuvieron, desde su origen, la influencia de la iglesia católica y del pensamiento conservador.

Nuevos rumbos

Terminada la primera década del siglo XX, los obreros cuestionarían el rumbo ideológico de sus gremios, a medida que sus demandas se radicalizaban y el movimiento popular se polarizaba entre las organizaciones gremiales, artesanales y multiclasistas, por un lado, y los primeros sindicatos, por el otro. Esta escisión se produjo en la Confederación Obrera, controlada por el partido liberal, uno de sus miembros, Juan Elías Naula, criticó la participación de médicos, abogados y curas en las reuniones y en las directivas, separándose de esta organización y creando la Liga Obrera. (Chiriboga, 2013,318). Los motivos de su distanciamiento y de su cuestionamiento están presentes en el estatuto inicial de la nueva Liga, en donde se plantea “…Que los partidos políticos militantes, en su carrera progresiva de ambición y corrupción, son una amenaza constante para las clases trabajadoras, porque buscan y se aprovechan del elemento inconsciente y desocupado” (Durán, 1981,62).

Otra manifestación de la importancia que estas nuevas corrientes iban adquiriendo al interior del joven movimiento obrero la podemos encontrar en la Sociedad de Peluqueros que, en 1918, da un giro en su posicionamiento frente a la participación de los patrones en la organización, planteando la necesidad de su separación, debido a que tienen intereses diametralmente opuestos con los intereses de los obreros. Así que los peluqueros les propusieron a sus empleadores que conformen una sociedad de patrones. (Navas, 1920,95).

Según Ycaza, las propuestas anarquistas tomarían fuerza en esta década y se radicalizarían en contraposición a la línea liberal, tomando un sentido clasista y reivindicativo. El anarcosindicalismo estaría presente en la dirección ideológica de organizaciones como la de los cacahueros, que jugarían más tarde un rol destacado en las luchas sociales. En el periódico “El Cacahuero” se hace un llamado a que el pueblo no participe con su voto en las elecciones, como una forma de rechazo a los partidos políticos burgueses. (Ycaza, 2007,80).

Es importante recalcar que ya en las librerías guayaquileñas y quiteñas se encontraba presente la literatura política, proveniente del exterior, de las corrientes marxista y anarquista, por ejemplo, escritos sobre la revolución rusa, que extendían la influencia de los partidos socialistas, anarquistas y comunistas internacionales, Es decir, el contexto internacional, también estuvo de manifiesto en la formación de la cultura social.

Radicalización de las demandas

Esta tendencia se evidencia en la huelga realizada por los mineros del yacimiento aurífero de Portovelo en el año de 1919. Este yacimiento era manejado por la empresa estadounidense South American Devolopment Co., a cuyos trabajadores les sometían a maltratos y explotación. Un nutrido grupo de trabajadores, entre los cuales se encontraban migrantes europeos, se tomó las instalaciones, sometió al gerente y a la policía del lugar y le obligó a firmar frente a un escribano la aceptación de sus demandas. (Ycaza, 2007,78), entre las que sobresalían el cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas, el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo, el mejoramiento del trato y la asistencia médica eficaz, por enfermedades.

Pero las reivindicaciones de los mineros eran también las que demandaban los obreros de la época; y estas condiciones ya habían sido tratadas en el primer congreso obrero de 1909, realizado en Guayaquil. Allí surgió la Unión Ecuatoriana de Obreros, en cuyos estatutos, en el artículo 2, se plantea, entre otros puntos, “el estudio y defensa de los legítimos intereses de la clase obrera, obtener que se dicten leyes convenientes para garantizar los derechos del pueblo, tales como las relativas a la indemnización a las víctimas de accidentes de trabajo, reglamentación adecuada de salarios y duración de la jornada de trabajo, abolición de impuestos que encarecen los artículos de primera necesidad” (Robalino,1992,87).

Esto revela que la precarización de las condiciones de vida y la explotación laboral habían sido una constante desde finales del siglo XIX y que no se habían dado la atención y los cambios necesarios para superar esta situación en los obreros y artesanos; y que, por el contrario, la conflictividad social estaba agudizándose en esta segunda década del siglo XX.

Hacia 1919, las expresiones de descontento materializadas en huelgas se volvieron permanentes. Fueron distintos sectores de trabajadores los que se manifestaron en numerosas acciones: los ferroviarios de Durán, a quienes se sumaron la cuadrilla de muelle, almacenes y carboneros; los mineros de Portovelo; los obreros y empleados de la Empresa de Alumbrado, Luz y Fuerza Eléctrica; la sociedad de plomeros y gasfiteros.

En agosto del mismo año, los trabajadores de las oficinas de aseo de calles y los cacahueros se declararon en huelga, y les siguieron los obreros de las canteras municipales, los trabajadores de salubridad, los jornaleros de la Unión Azucarera, los empacadores de las casas comerciales, los empleados del comercio, los tipógrafos y los enfardeladores. Todos ellos protestaron en demanda del incremento salarial y conseguirían que se lo aumente, aunque la prensa afirmó que esto se tradujo en un alza generalizada de precios. (Robalino, 1992,93)

Este escenario de una permanente agitación social desde sectores organizados, acicateado por un momento económico de crisis (señalado al inicio de este trabajo), sería el preámbulo para acciones de mayor fuerza y más reiterativas que eran reprimidas por los patronos, pero que posibilitaban una recomposición organizativa.

Ímpetu organizativo y represión de 1922

Un rol decisivo tendría la conformación de la Federación Regional Obrera Ecuatoriana en el año de 1922. Esta organización había surgido desde los cacahueros, rompiendo con la COE (Confederación Obrera Ecuatoriana), contó en su formación con la presencia de sectores obreros, artesanales y del asalariado guayaquileño, levantando y consolidando un sentimiento de clase que se proyectaba hacia la posibilidad de alcanzar conquistas futuras que –esperaban- rebasarían las luchas locales y se encaminarían hacia una transformación de la sociedad y del mundo desde la acción del proletariado organizado. (Durán, 1981,44).

La Federación Regional Obrera aglutinó a 32 gremios, sindicatos y sociedades de distintos sectores como sastres, sociedades de tabaco, de peluqueros, de los sectores eléctrico, gas, aseo y sanidad, zapateros, gremios de conductores, de voceadores de periódico, de motoristas, de embarcadores de frutas, uniones de trabajadores de fábricas y ferroviarios; y contó entre sus miembros con la participación del centro feminista “Rosa Luxemburgo”, entre otros. (Chiriboga, 2013,322).

El gobierno estaba al tanto del descontento de los trabajadores y de los sectores populares. Lo reconocía el propio ministro del Interior del gobierno de José Luis Tamayo en vísperas de la masacre del 15 de noviembre de 1922: “Los postulados y reivindicaciones de las clases obreras, de los desvalidos y los proletarios, deben ser estudiados y resueltos a la luz de los principios de la ciencia social…” (Durán, 1981,43).

Sin embargo, frente a la mirada del poder, es decir para el gobierno y para los propietarios, esto hacía más peligrosas sus acciones y su fuerza, lo que incluso provocó la creación de cuerpos armados del ejército que se especializaran en reprimir los levantamientos campesinos. (Durán, 1981,45).

Las condiciones de trabajo, las acciones y la participación en huelgas eran discutidas en procesos asamblearios y congresos, incluso articulados entre las regiones de la sierra y de la costa. La Federación Regional Obrera Ecuatoriana, en su asamblea inaugural, se plantea “servir como órgano militante en la lucha diaria contra las clases acaparadoras y convertirse en órgano más amplio, productivo y de distribución cuando el capitalismo se desmorone”; es decir que la conciencia y la independencia de clase eran una preocupación de esta organización, preocupación que se extendía y se replicaba no solo entre sus asociados y en otras organizaciones, sino que también era el reflejo de un clamor social. (Ycaza, 2007,91)

Fue por eso que la huelga de los trabajadores ferroviarios de Durán, en octubre de 1922, no fue únicamente activada por ellos, sino que se convirtió en una acción de amplia convocatoria, en la que participaron de modo masivo los habitantes de Durán; y contó con la solidaridad de los trabajadores del país. (Ycaza, 2007,93) En su dinámica, sería el inicio de la gran huelga obrera de 1922 en Guayaquil.

La medida fue incluso catalogada como un acto de heroísmo (Albornoz, 1983,30), ya que se enfrentó a las fuerzas represivas del gobierno, que respaldaban a la empresa y a su gerente. Las tres centrales que estuvieron presentes y dieron el respaldo a los huelguistas fueron: la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, la Asociación Gremial del Astillero y la Confederación Obrera del Guayas.

Esta acción, que concluiría con la firma de un acuerdo que reconocía la demanda de los trabajadores, abrió la posibilidad de que otras reivindicaciones sean escuchas, por lo que se extiende una serie de paros por reclamaciones económicas y por la reducción de la jornada laboral, incluso dando un salto hacia un contenido político. (Albornoz, 1983,31)

Se cuestiona la depreciación del sucre, el precio del cacao, la explotación de los banqueros, la emisión de billetes sin respaldo; se exige la incautación de giros. Este planteamiento, para Isabel Robalino, sería la posibilidad de cuestionar de forma más profunda las causas de la pobreza y la explotación, pero Albornoz, al contrario, sostiene que las demandas por la baja del cambio y la incautación de los giros provenían de maniobras de la burguesía para desviar las reivindicaciones originales, y que los trabajadores las aceptaron sólo para remediar la miseria popular. (Albornoz, 1983,33)

El llamamiento a una huelga nacional fue acogido por al menos 53 organizaciones de trabajadores, entre sindicatos, asociaciones, sociedades, comités, gremios, escuelas, uniones y ligas. (Albornoz, 1983,33), esto muestra la confluencia de organizaciones de distinta dimensión, pero con un mismo componente social y en donde las mujeres participaron heroicamente desde distintos espacios. Mujeres obreras, cocineras, lavanderas, escogedoras de cacao participaron en la huelga y habían venido acompañando las luchas que antecedieron al 15 de Noviembre. Tomasa Garcés junto a sus hijos se había tendido en los rieles del ferrocarril junto a otros trabajadores para detener el tren. Centros feministas como la Aurora y Rosa Luxemburgo venían participando en los Congresos Obreros, realizaban colectas, elaboraban banderas para apoyar a los huelguistas. Eran parte de las asambleas y participaban de las marchas.

El movimiento huelguístico de noviembre de 1922 contó con un apoyo masivo de la población, los historiadores hablan de la participación aproximada de 30000 personas en las calles de Guayaquil entre ellas mujeres, ancianos y niños. Este hecho tenía que ser reprimido de la forma más salvaje por los sectores dueños del poder económico y político, que se veían desbordados y en peligro de ser sometidos por la fuerza de los trabajadores. La alianza entre el gobierno y las élites planificó una masacre todavía no reconocida de 800 a 1000 personas, entre ellas 200 mujeres varias del Centro feminista Rosa Luxemburgo. Alejo Capelo relata en su obra, como desde las casas de la burguesía se disparaban a trabajadores, los aplausos y loas que lanzaban desde los balcones a policías y militares que habían masacrado al pueblo.

Ríos de sangre corrían por las calles, cadáveres apilados en camiones, cuerpos abiertos por el vientre y arrojados al río, formaron parte del inolvidable relato Las Cruces sobre el Agua de Joaquín Gallegos y de la historia construida por las y los obreros ecuatorianos.

Es fundamental reconocer el impacto de la capacidad asociativa de los distintos sectores sociales en este periodo, que no solamente expresó las expectativas y demandas laborales, sino que contribuyó, por un lado, a la constitución de la sociedad moderna guayaquileña y del país; y, además, permitió generar vínculos entre los sectores populares para hacer visibles las condiciones de precariedad que esa misma modernidad produjo en la mayoría de la población.

Enseñanzas

Al final de su artículo sobre el 15 de noviembre, Manuel Agustín Aguirre (2018 [1979]) presenta un puñado de reflexiones, de las que extraemos algunas ideas.

• No hubo una dirección unificada o coordinada. La Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, la principal organización laboral por entonces, tenía un cierto predominio, pero chocó con la Confederación Obrera que, a su vez, padecía una fuerte influencia de grupos empresariales.
• Al final, el movimiento careció de claridad política e ideológica y se dejó llevar por la consigna del control de giros, abandonando a un segundo plano las reivindicaciones propias de las clases laboriosas.

• Este punto lleva a otro: la necesidad de que los trabajadores mantengan siempre y en toda circunstancia la independencia organizativa, política e ideológica. Así como Aguirre señalaba los riesgos a inicios del “retorno” a la constitucionalidad en 1979, nosotros podríamos señalar ahora el peligro de que las clases subalternas y los movimientos sociales no logren delimitarse del populismo y de la derecha neoliberal y terminen convertidos en masas de maniobra de cualquiera de ellos.
• A pesar de ciertas manifestaciones de solidaridad, el movimiento no logró desarrollar una alianza con los trabajadores del campo, ni con los trabajadores y clases populares del resto del país, quedando aislado y facilitando su derrota. Digamos, mirando para el presente, que este es un punto que debe ser remarcado.
• La clase trabajadora carecía entonces -como carece aún hoy- de un partido político propio, capaz de aglutinar y representar a todas las fracciones del pueblo y hacer valer los intereses del movimiento en su conjunto. La falta de representación autónoma es siempre un límite, muchas veces insoluble, para el despliegue de cualquier lucha de importancia: lleva a caer más fácilmente presa de las prédicas y de los engaños de quienes, fingiendo ser amigos del pueblo, representan otros intereses; o, lleva también a caer en el apoliticismo, el desinterés y el desánimo.
• Las luchas por reivindicaciones parciales pueden perder el rumbo si no están ligadas a una perspectiva de transformación radical de la sociedad.
• En momentos de crisis el Estado se revela como lo que es en sustancia: un instrumento para ejercer la violencia de las clases dominantes sobre los dominados.

Vale una pequeña nota adicional. A pesar de todo, el 15 de noviembre de 1922 dejó huellas en la memoria y en la práctica de las clases trabajadoras, huellas que es necesario recuperar y con las que es urgente dialogar con miras a los desafíos del presente. Pero su herencia fue más allá: sus huellas están también en la revolución juliana de 1925 y el movimiento reformista que le siguió y, por supuesto, en la fundación del partido Socialista en 1926.

Segunda parte

2021

La situación actual del movimiento obrero no puede comprenderse sin situarla en el marco de una serie de transformaciones que están operando desde hace 40 o 50 años, tanto a nivel global como nacional.

Transformaciones en el sistema capitalista mundial

A nivel global, vivimos un largo período marcado por un nuevo período de acumulación capitalista mundial que habría iniciado entre 1970 y 1980, para extenderse universalmente a partir de entonces. Buscaba, por una parte, reorganizar el capitalismo desechando los estados de bienestar (o equivalentes, como los populismos en América Latina), a los que se culpaba por los déficits fiscales y por la acumulación de demandas de las clases subalternas. Se dio así origen a una larga fase neoliberal. Por otra parte, ponía el énfasis de la acumulación en la sobreexplotación del trabajo y en el control de las tecnologías y de las materias primas para producir componentes tecnológicos y alimentos. A partir de los años 80, esto ha alentado una reprimarización de las economías periféricas y una profundización de la dependencia, apenas con paréntesis de relativa autonomía, paréntesis marcados por las disputas entre las grandes potencias, Estados Unidos y China, por la hegemonía del capitalismo global. Desde inicios del siglo XXI, América Latina ha pasado por un período de penetración de capitales chinos, que quiere ser ahora contenido y revertido por los Estados Unidos.

En general, el neoliberalismo puede ser definido como una amplia estrategia de modificación radical de un conjunto de relaciones de fuerzas.

Modificar la relación entre el capital y el trabajo por medio de las políticas de flexibilización laboral, debilitando las posibilidades de organización y lucha de la clase trabajadora para imponer nuevas modalidades de trabajo, debilitar la contratación colectiva, deprimir la masa salarial, facilitar los despidos y precarizar el trabajo. Se generan así nuevas condiciones que permiten incrementar la explotación del trabajo, absorber excedente y trasladarlo a la acumulación capitalista.

Modificar la relación entre el capital y los consumidores, a través de las políticas de liberalización de precios y aflojamiento de los controles sobre el capital y sus movimientos; de esta manera, los empresarios pueden convertir en capital los ahorros dispersos de las clases subalternas.

Modificar la relación entre el capital y el Estado, mediante las políticas de “achique” del Estado, privatización (o “monetización”, dicen ahora) y desinversiones, convirtiendo los elementos de capitalismo de Estado en instrumentos de acumulación de los grandes monopolios capitalistas, sobre todo transnacionales. Con esto, a la vez, se recortan las posibilidades que autonomía relativa del Estado. Suele ir de la mano con la captura del

Estado por parte de ciertos segmentos de la burguesía. A pesar de su discurso anti-Estado, el neoliberalismo propende en realidad a una modificación de las relaciones entre Estado y sociedad.

Modificar la relación entre capitales monopólicos y capitales medianos y pequeños, dando vía libre a procesos acelerados de concentración y centralización de los capitales, implicando cierres de algunas empresas, absorciones de otras por los grandes grupos monopólicos de origen nacional o extranjero, o conversión de otras más en engranajes subordinados de los procesos de acumulación de los grandes capitales a través de encadenamientos productivos.

Modificar, finalmente, la relación entre el centro y las periferias del sistema mundial capitalista. En el ámbito político, debilitando los márgenes de maniobra soberana con que contaban los gobiernos de los países dependientes en la definición de las políticas internas y sometiéndolos al poder incrementado de organismos de estatalidad global, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el BID, y a la presión de los Estados imperialistas, llegando incluso hasta la intervención militar. En el ámbito económico, acelerando la transferencia de valor desde la periferia hacia el centro a través de un sinfín de mecanismos: la deuda externa, el deterioro de los términos del intercambio, las inversiones, la propiedad intelectual, la ocupación cada vez más extendida del mercado interno de las naciones periféricas, etc.

Esto empuja una rápida transnacionalización del capital, modificando no sólo los capitales centrales, sino también los de las periferias (los capitales de punta, incluso en un mercado tan reducido como el ecuatoriano, están en acelerado proceso de transnacionalización: por un lado, los capitales que ingresan, por otro lado, los capitales oriundos que se transnacionalizan).

En este marco, los populismos progresistas y los proclamados “posneoliberalismos” no rompieron la lógica dominante, subordinándose a la “nueva” división internacional del trabajo, acicateados por el desarrollismo que los llevó a plegarse al extractivismo; todo lo más, renegociaron un reparto de excedentes en favor del Estado y combinaron políticas desarrollistas y neoliberales. Más aún, en momentos de crisis tendieron a recaer en las mismas políticas neoliberales que criticaban (privatizaciones, flexibilización del trabajo, retroceso de la redistribución del excedente, retorno al redil de los organismos internacionales, tratados de libre comercio…).

Pero lo central es que los populismos, siendo una forma de bonapartismo, obtienen su fuerza de su capacidad de presentarse y mantenerse como supremo árbitro de los conflictos sociales y de las luchas de clases. Por eso sus dos principales características son fortalecer la tendencia a la autonomía relativa del Estado y procurar mantener a la mayoría del pueblo en una situación de masas sin capacidad de representación propia. El fortalecimiento del Estado -institucional, política y económicamente- le permite tener un factor de poder para negociar con las clases dominantes y con el conjunto de la sociedad. El mantenimiento de la mayoría de las clases subalternas en condiciones de no autorepresentatividad le permite imponerse como representación única de la ciudadanía y del pueblo, y presentar a esas masas sin representación autónoma como carta de negociación. Ambas cosas, a su vez, le posibilitan expresar los intereses estratégicos de las clases dominantes.

Mutaciones en el carácter y en la organización del trabajo

Las transformaciones que operan en el capital presionan también para modificar el carácter y las condiciones del trabajo. Son transformaciones que están en marcha, que se presentan de modo diferente en los centros y en las periferias, y que están marcadas por la extensión del uso de nuevas tecnologías y por la informatización del mundo del trabajo; esto, a su vez, incide en las otras modificaciones, facilitándolas o acelerándolas.

Se presenta una tendencia al establecimiento de nuevas formas de organización del trabajo. Algunas son internas a las empresas, como el toyotismo y los “círculos de calidad”. Otras son aparentemente externas, pues desplazan el trabajo más allá de los límites formales de las empresas, como la “uberización” (sistemas de reparto de mercancías a través de plataformas digitales) o la transferencia de fases del trabajo hacia otras unidades de producción (encadenamientos productivos, “banco del barrio”, etc.).

Junto con esto, se imponen nuevos métodos de gestión, con tendencia a establecer mayores controles sobre el tiempo de trabajo y propiciar la competencia interna entre los trabajadores.

Además, se observa una reducción del número de puestos y la redistribución del trabajo entre quienes se mantienen empleados, generando una sobrecarga de trabajo como contrapartida del desempleo, así como una individualización de las condiciones del trabajo (ciertos costos del proceso productivo son cargados a los propios trabajadores). En conjunto: intensificación del trabajo, incremento de la productividad y fragmentación del trabajador colectivo (Delfino, 2011; Macías y Suescún, 2012).

Por otro lado, se acelera una extensión de las condiciones de cualificación del trabajo necesarias para incorporarse en el mercado laboral cambiante; por ejemplo, el incremento de los años de estudio de la población trabajadora vuelve los nuevos estándares educativos como la característica normal, depreciando a su vez la capacitación de la capacidad de trabajo.

Las transformaciones en la organización y en el tiempo del trabajo presionan hacia la flexibilidad de los tiempos de trabajo, que se imponen tanto desde la administración de las empresas como desde los Estados a través de leyes y decretos. Todos estos mecanismos tienden a abaratar el costo de la mano de obra, limitar la contratación colectiva y deshacerse de las organizaciones sindicales.

Estas tendencias han sido reforzadas y profundizadas violentamente con pretexto de la pandemia de la Covid-19. En lo inmediato, la pandemia trajo consigo el cierre de lugares de trabajo, la reducción de horas de trabajo, el aumento del desempleo y del subempleo, la reducción de salarios y de horas de trabajo. Se vuelven vulnerables los trabajadores de más edad y los jóvenes, las mujeres (por el trabajo que realizan y la sobrecarga de los trabajos de cuidado), los trabajadores sin protección social y los migrantes. Por lo demás, se ha acentuado la brecha de productividad entre el centro y la periferia (OIT, 2020; OIT, 2021).

Combinadas, las transformaciones que estaban en marcha y los efectos de la pandemia y de su manejo político aceleran la precarización del trabajo: las reformas laborales en el Ecuador, tanto las de la hipócritamente llamada “ley de apoyo humanitario” como las del proyecto de ley Creando oportunidades, de Guillermo Lasso, lo muestran con claridad.

Más allá de eso, ha reforzado tres tendencias: en primer lugar, la extensión de las tecnologías y del teletrabajo, la automatización de la fuerza laboral, el desplazamiento del puesto de trabajo fuera de la empresa, al hogar de los trabajadores, con un incremento de costos para el trabajador y, por tanto, una reducción relativa de sus ingresos. En segundo lugar, mayor presencia de trabajadores “independientes” frente a los trabajadores estables. En tercer lugar, desaparición de puestos de trabajo, es decir, despidos; nuevos tipos de empleo (cuidado, marketing, desarrollos tecnológicos), desocupación, pérdida de ingresos provenientes del trabajo (Barría, 2020).

Como resultado, la precariedad del trabajo ya no está sólo en los segmentos informales de la economía, sino que se extiende sobre el conjunto de las actividades laborales, casi como nueva condición del trabajo (Ruy Braga, 2012).

Estamos en presencia de un nuevo proceso de creación de una enorme masa de sobrepoblación relativa, como analizara Marx (1974). La población excedentaria es generada por las tendencias desatadas por la acumulación capitalista: modificación de la composición orgánica del capital y disminución relativa de la parte variable del capital, crisis periódicas, reducción de la masa de trabajo con respecto a la masa de medios de producción. Como la demanda de trabajo no se determina por el volumen total del capital, sino únicamente por su parte variable, el crecimiento de las inversiones no se traduce automáticamente en un crecimiento del empleo y más bien puede redundar en lo contrario.

La sobrepoblación relativa se presenta en tres formas: fluctuante (en ciertas fases del ciclo del capital, se los atrae; en otras, se los repele), latente (desde los sectores o territorios que expulsan población constantemente, por ejemplo, en el campo) y estancada (obreros de ocupación irregular, que pasan rápidamente de ocupados a desocupados y son víctimas de condiciones más precarias de trabajo y de vida).

Este segmento de la clase trabajadora otorga dos beneficios al capital: permite retomar la producción luego de las crisis, pero, permanentemente, presiona hacia la baja las condiciones del trabajo y el precio de la capacidad laboral, pues el salario se regula, en términos generales, por la expansión o contracción de la sobrepoblación relativa.

De esta manera, los procesos actuales van creando nuevas características de la clase trabajadora, lo que probablemente se traduce en mayores disparidades a su interno y en un crecimiento de la sobrepoblación relativa.

Crisis de la democracia

Un elemento que afecta la dinámica de los movimientos sociales (y, por tanto, también del movimiento sindical) son los vaivenes de la política. No sólo por las variaciones de las leyes y arbitrios administrativos, que han sido mayormente regresivos en estos años, sino por el ambiente social que genera, en cuanto a la mayor o menor aceptación de las organizaciones sociales y de sus acciones y, en consecuencia, por sus posibilidades de actuación.

Desde el “retorno a la democracia”, el Ecuador ha pasado por cuatro tres etapas muy marcadas: una, muy breve, del gobierno de Roldós, la ilusión democrática que fue destruida por la muerte del presidente y su reemplazo por su vicepresidente, Oswaldo Hurtado. La crisis de la deuda fue la ocasión para someterse a los dictados del FMI. Hurtado inició el reinado del neoliberalismo, que generó una economía débil y un amplio rechazo social. A diferencia de los otros países de la región, acá se desplegó una resistencia social que acompañó los 25 años de régimen neoliberal. Primero, alrededor del Frente Unitario de Trabajadores y de las huelgas nacionales (llamadas luego “paros nacionales del pueblo”). Cuando las huelgas perdieron fuerza, tomaron la posta los trabajadores del sector público, sobre todo maestros, petroleros y de la salud, que se manifestaron en contra de las propuestas de privatización. Al agotarse el empuje de los trabajadores públicos entró en escena el movimiento indígena. Al final del período se movilizaron las capas medias urbanas en la paralización de los taxistas y en la “rebelión de los forajidos”.

La crisis del neoliberalismo se expresó en la caída de un vicepresidente (Dahik, en 1995) y tres presidentes (Bucaram en 1998, Mahuad en 2000 y Gutiérrez en 2005). Todas las fórmulas políticas que cobijaron al neoliberalismo fracasaron. El gobierno, el parlamento, la justicia, la policía y las fuerzas armadas se ganaron un amplio descrédito. Los partidos políticos no eran sólo ignorados, sino rechazados. La representación política formal estaba completamente divorciada de la mayoría de la población. Mientras tanto, la resistencia social había perdido fuerza y se fragmentó.

De ese vacío político surgió el correísmo. Fortaleció el Estado, pero subordinó el conjunto de las funciones y del aparato estatal al Ejecutivo, debilitándolos políticamente y exacerbando la concentración del poder en el presidente, proceso que venía ya de la época neoliberal. No representó, como los gobiernos neoliberales, a tal o cual facción de la clase dominante, pero protegió los intereses estratégicos de todas ellas en conjunto: desarrolló las condiciones generales de la producción y del intercambio, abarató el costo del dinero, unificó las condiciones de la relación capital-trabajo, abrió otras rutas de comercio internacional, redujo al movimiento popular soliviantado y creó un orden para las demandas sociales. A cambio, exigía una parte del excedente social por la vía visible de los impuestos y por la vía oculta de la corrupción.

Al final de su mandato enfrentó el segundo coletazo de la crisis mundial del capitalismo, acentuó su carácter represivo y volvió a poner en circulación las recetas neoliberales El gobierno de Moreno fue la imagen del populismo descomponiéndose y reconvirtiéndose en neoliberal. La carta de intención que firmó con el FMI lo llevó a las medidas que causaron rechazo y conmoción. Las protestas de octubre de 2019 mostraron una rearticulación espontánea de las luchas sociales contra los mandatos fondomonetaristas, con una participación amplia de indígenas, campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes, estudiantes y pobladores de barrios populares. Octubre mostró también la fragmentación social llegando al enfrentamiento. Y la voluntad de violencia concentrada expresada por el Estado y las representaciones sociales, políticas e ideológicas de las clases dominantes.

Tras su manejo lamentable de la pandemia, Moreno salió del gobierno prácticamente sin ningún respaldo social.

Las elecciones de la primera vuelta de 2021 dieron el paso del correísmo (Aráuz) y la derecha (Lasso) al segundo turno. Pero el resultado más importante fue que un amplio sector de votantes huyó a la dicotomía populismo-neoliberalismo; el correísmo y la derecha ya no pudieron monopolizar el escenario político ni la conciencia social. Un segmento importante de las clases subalternas decidió salir a buscar una representación política más orgánica.

En medio de las debilidades de los bloques más importantes, la derecha logró atraer la votación de un amplio sector de clases medias e incluso de algunas capas de los sectores populares. Pese a su triunfo, Lasso encabeza un gobierno hasta ahora débil. Para imponer su programa neoliberal ofrece una que otra concesión y amenaza a los asambleístas y a los movimientos sociales. Habla de diálogos y de muerte cruzada. Seguramente dependerá de mayorías parlamentarias móviles y de asambleístas móviles. Si logra implementar sus políticas incrementará, al mismo tiempo, la conflictividad social.

La política, por lo común, se articula en torno a grandes ejes de conflictividad social. A lo largo de estas décadas y a través de las distintas propuestas políticas que se hicieron con el control del gobierno, dos conflictos centrales persisten: la querella por el excedente y la querella por la democratización. En ellas aparecen enfrentados las clases dominantes, las transnacionales, el populismo y el movimiento popular. Y persiste sin solución la crisis de la democracia.

¿Debilidades del movimiento sindical?

Los movimientos sociales -y el movimiento sindical en particular- han sido objeto de variadas iniciativas de los gobiernos para debilitarlos y fragmentarlos.

Según Juan Vareles (2016), el movimiento sindical ha experimentado una crisis de desarrollo organizacional, que se expresa en el relativamente reducido número de trabajadores sindicalizados. Si bien existen causas internas (“las desviaciones de ciertos dirigentes sindicales”), lo central estaría en una serie de “contrarreformas laborales”.

En la primera oleada neoliberal (1981-2005) se aprobaron modificaciones al Código del Trabajo que tenían por finalidad apagar al movimiento sindical: durante el gobierno de Borja (1988-1992) se subió de 15 a 30 el número mínimo de trabajadores necesario para formar una organización, en momentos en que una gran porción de empresas contaban con menos de 25 trabajadores, y se establecieron condiciones desventajosas para la declaratoria de huelga (por ejemplo, la obligación de anticiparla al empleador).

Las leyes que permitieron la instalación de maquiladoras, las contrataciones eventuales y la tercerización fueron otros tantos golpes a la organización obrera. Cuando se legalizó la intermediación laboral, se estableció que hasta el 25% de la plantilla podía componerse de trabajadores tercerizados, que formalmente no eran considerados parte de la empresa, por lo tanto, no tenían ninguna estabilidad, no podían sindicalizarse, ni ser parte del contrato colectivo ni recibir reparto de utilidades. El porcentaje permitido de trabajadores tercerizados fue incrementado en los siguientes gobiernos. Poco antes de su caída, Lucio Gutiérrez (2002-2005) incrementó ese porcentaje al 75%.

En la época de Correa continuaron mermando los derechos de los trabajadores: se eliminó la contratación colectiva en el sector público, presentándola como un privilegio y santificando la división de los trabajadores en dos clases distintas: los del sector privado y los del sector público, que no tienen los mismos derechos; se limitó el derecho de huelga, por las trabas que se le ponían (y al prohibirla en el sector público y en los “sectores estratégicos”); se quitó del Código del Trabajo a los trabajadores públicos; el Estado se apropió de los fondos de cesantía; se tomó parte de los Fondos de Reserva para crear un seguro de desempleo; se limitó la libertad de organización con el decreto 16 y sus sucesores. Además, propuso reducir las horas de trabajo (y los salarios) hasta un 25%; y flexibilizar la jornada de trabajo, con tal de que no sobrepase las 40 horas semanales.

Pero lo más serio fue el intento permanente de dividir y desaparecer a las organizaciones sociales que no logró controlar. Ya dijimos que el populismo requiere que la mayoría de la nación sea incapaz de representarse por sí misma. Pero en el Ecuador la resistencia contra el neoliberalismo había creado también representación subalterna orgánica legitimada no solo por los sectores organizados sino por la conciencia social mayoritaria. Para afirmarse, el populismo correísta tenía que destruir esa representación. Para tal efecto, utilizó desde el discurso presidencial, pasando por la división de las organizaciones, hasta la criminalización de la protesta social.

La ley de “apoyo humanitario”, aprobada por Moreno so pretexto de la pandemia, retomó y profundizó las propuestas finales de Correa y accedió a las exigencias de los gremios empresariales: reducción de la jornada laboral hasta en 50%, con reducción proporcional de los salarios, creación de contratos especiales de trabajo que anulaban la estabilidad y facilitaban y abarataban los despidos.

Las reformas pretendidas por Lasso agravan aún más esas condiciones. Al discurso populista de deslegitimación de la organización y de la lucha social le sucedió el discurso neoliberal de deslegitimación de la protesta. Sus parámetros, no obstante, son similares.

Desafíos

En trazos muy gruesos, el movimiento sindical se enfrenta a desafíos de variada índole: unos se relacionan con las transformaciones estructurales, tanto del capitalismo como del trabajo; otros se relacionan con la crisis política, en tanto esta se articula alrededor de las disputas en torno al excedente y a la democratización.

Las mutaciones del mundo capitalista traen consigo transformaciones estructurales: en el capital mismo, en el trabajo, en la estructura de clases y en las clases trabajadoras. Un primer desafío, en torno a esto, es desarrollar procesos de generación de conocimientos concretos en torno a las realidades cambiantes: para actuar con cierta pertinencia es menester conocerlas; y en la actualidad existe un déficit de investigación sobre estos temas, que no es llenado ni por organismos públicos ni por entidades académicas. Pero esto enfrenta dificultades; sobre todo financieras, porque las organizaciones sindicales no cuentan hoy con la cantidad de recursos que sería necesaria; la mayor parte de proyectos desestiman o minimizan la investigación, o pretenden encauzarla hacia las agendas de los organismos internacionales. Concomitantemente, se hace necesario vincular esta generación de conocimiento con procesos de capacitación, tanto hacia dentro del movimiento sindical como hacia la sociedad.

La difusión de tesis que defiendan la posición de los trabajadores es igualmente indispensable: las derechas económicas, políticas y mediáticas están consiguiendo naturalizar la idea de que lo normal y lo deseable es un trabajo sin derechos o, cuando más, con derechos rebajados. Cuentan con gran cantidad de medios para diseminar su punto de vista. Las organizaciones sindicales no disponen de medios de comunicación adecuados y suficientes como para disputar los sentidos de los cambios que se imponen en el mundo del trabajo (y contra los trabajadores).

Comunicarse con la sociedad es un desafío de primer orden porque la disputa central, en este campo, es en torno a los derechos de los trabajadores y la vulneración que se está haciendo de ellos; una disputa política, en consecuencia, y toda disputa política requiere ir construyendo diálogos y consensos con diversos sectores sociales y con diferentes espacios institucionales.

Tanto la ley “de apoyo humanitario” como la de “creación de oportunidades” ponen en cuestión el Código del Trabajo y buscan contraponerlo con una suerte de Código paralelo que (esperan y aspiran) llegará a reemplazar, casi sin sentirse, al actual, que consideran obsoleto. El FUT ha presentado, hace pocos días, su propia propuesta de Código del Trabajo, que busca incorporar las nuevas modalidades de trabajo, pero sin eliminar derechos y sin crear una subclase de trabajadores de segunda categoría. Y, al mismo tiempo, evitar que la subclase de trabajadores sin derechos se convierta en la generalidad de la clase obrera.

Esto nos lleva a los desafíos organizativos, que tienen varias dimensiones: unas son las dimensiones legales que norman (y limitan) las posibilidades de asociación y de actuar colectivo. Es necesario revisar la norma instituida por Borja del número de trabajadores necesarios para formar una organización. Por ejemplo, varias empresas en los últimos años se han subdivido por decisión de los propietarios, que fragmentan la producción para fingir que tienen menos trabajadores e impedir la formación de sindicatos. La ley podría imaginar algunos mecanismos para impedir estas trampas patronales.

Por supuesto, lo mejor sería eliminar ese requisito.

Pero aun así sería una solución a medias, porque el tema central es la tendencia a la precarización sostenida del empleo, conque es necesario pensar en formas y modalidades que permitan la agremiación de los trabajadores precarizados. Una vía de salida podría ser la sindicalización y la contratación colectiva por rama de actividad. De ese modo, los trabajadores y las trabajadoras podrían sindicalizarse incluso si sus empresas no alcanzan el número mínimo requerido hoy por la ley, e incluso si no tienen trabajo estable en ninguna empresa; esto significaría incluir a los desempleados o subempleados en el derecho a la organización. Al mismo tiempo, estarían amparados por un contrato colectivo, aunque en su empresa no hayan podido firmar contrato alguno o aunque no trabajen formalmente en ninguna empresa.

Con todo y eso, las organizaciones sindicales deben realizar esfuerzos para llegar a aquellos ámbitos en donde el trabajo se está precarizando.

Otro tema de importancia es la necesidad de incrementar la presencia de mujeres y de jóvenes en las organizaciones y en sus cuadros dirigenciales. Sin embargo, eso no puede reducirse al mero enunciado, pues hay condiciones estructurales que lo dificultan, y olvidarlas puede llevar a no avanzar un solo paso.

Como hemos visto antes, los jóvenes, generalmente, son más golpeados por el desempleo, y los programas de primeros empleos tienden a ubicarlos en actividades y condiciones precarias. La pandemia ha empeorado la situación. Y, adicionalmente, la rotación y poca permanencia en trabajos estables es un factor que impide, o al menos dificulta, que los jóvenes se adhieran o formen sindicatos. ¿No podría pensarse en la formación de una Asociación de Buscadores de Empleo?

También hay una discusión sobre la débil presencia de mujeres en las organizaciones sindicales. Eso tiene varias aristas. Por un lado, la presencia de fuerza de trabajo femenina es desigual en las distintas ramas de la economía, proporcionalmente mayor en los servicios y en el comercio que en las industrias. Por eso en organizaciones con mayor peso en los sindicatos industriales, tiende a ser menor la afiliación de mujeres. En cambio, en el comercio y en los servicios (excepto en los servicios públicos), en donde existe una mayor presencia de trabajadoras, hay mucha menos organización sindical. Se requeriría estimular, incluso desde el punto de vista legal, la sindicalización en las ramas y actividades en donde hay un mayor número de trabajadoras.

Es necesario ir promoviendo en escuelas de formación sindical y en puestos directivos en los distintos niveles a mujeres y a jóvenes. Pero la renovación de las dirigencias no puede ser presentada como un imperativo moral. No es posible la renovación de cuadros si la estabilidad laboral está afectada y si no hay mecanismos legales-formales (pero no solo eso) que permitan sostener en espacios organizados a los trabajadores sin empleo. En muchas ocasiones, el esfuerzo de formación de nuevos cuadros se trunca y se frustra por los despidos.

El siguiente aspecto es la organización sindical misma. Así como a nivel general las organizaciones sociales han venido siendo atacadas sistemáticamente por los gobiernos, a nivel particular los sindicatos de empresa suelen enfrentar dificultades correlativas, por ejemplo, las iniciativas patronales para dividir la organización o estimular la desafiliación de trabajadores. Mantener la organización y la unidad de los trabajadores será siempre un desafío imposible de eludir. Además -como ya lo hacen algunas organizaciones, es importante integrar a las familias (cónyuges, hijos) en las actividades de los sindicatos; a fin de cuentas, la pertenencia de clase tiene una determinación familiar y no solo (ni tanto) individual.

Para finalizar, es menester mencionar los desafíos políticos. Hay también varias aristas. Una tiene que ver con el período que estamos viviendo y con la urgencia de enfrentar los ataques contra los derechos de los trabajadores y de las clases subalternas en general, y de contener el retroceso antidemocrático que ha operado, desde distintas propuestas políticas, en estas últimas décadas.

Hoy, bajo un nuevo despotismo neoliberal, en la querella del excedente, el trabajo ocupa un lugar prominente. En la querella por la democratización, la necesaria recomposición y rearticulación del movimiento popular ocupa un lugar central, si es que se quiere que la crisis tenga alguna posibilidad de salida hacia una sociedad más justa y humana.

Así que la otra arista está relacionada con la necesidad de generar formas de representación política autónomas y dar pasos ciertos hacia la unidad de los movimientos sociales y de los sectores populares; es decir, con la construcción del pueblo como sujeto político. Y en eso, el movimiento sindical tiene mucho que aportar.

Quito, noviembre de 2021

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http://www.relats.org/documentos/ORGVareles.pdf

¹ El término “obrero”, tal como se lo utiliza en esta época, no hace referencia únicamente al vendedor de fuerza de trabajo en la industria, sino que lo utilizan en sentido amplio para nombrar a los trabajadores de las distintas áreas de la producción y de los servicios, independientemente del carácter asalariado o no de su labor.

² Este es el artículo No. 1 del estatuto reformado en el año de 1886. Tomado de Buenaventura Navas, José, Evolución social del obrero en Guayaquil, 1920, Guayaquil, pag.24