Ecuador rural del siglo XXI: Soberanía alimentaria, inversión pública y política agraria

Presentación que se llevó a cabo en Quito, el 4 de julio de 2012.

 

Los pasados días se llevó a cabo la presentación del libro Ecuador rural del siglo XXI: Soberanía alimentaria, inversión pública y política agraria de los autores Diego Carrión y Stalin Herrera.

Esta obra corresponde a una investigación realizada por el Instituto de Estudios Ecuatorianos IEE y contó con la colaboración de la Fundación Rosa Luxemburg, OXFAM, FIAN y el Centro Derechos Económicos y Sociales (CDES). El objetivo de la investigación es, desde una perspectiva de Soberanía Alimantaria, evaluar los efectos de la política e inversión pública en el Ecuador durante el periodo 2007-2010 del gobierno de Rafael Correa. Los ejes centrales del texto –analizan el modelo de agricultura actual, y por medio de indicadores socioeconómicos se profundiza sobre la situación de la población rural en el país transversalizando temas como el género, la situación del campesinado, la soberanía alimentaria y el rol del Estado.

Comentaron la publicación diferentes actores tanto de las organizaciones indígenas, como figuras académicas y del gobierno nacional. Los aportes y comentarios a la obra fueron insumos que complementan el debate actual de la situación del agro, la Ley de Tierra y Territorio y los cambios institucionales.

 

Desde una mirada académica Francisco Rhon director del Centro Andino de Acción Popular (CAAP) señaló que “luego de dos reformas agrarias el debate debe plantearse a escala planetaria ya no solo podemos mirar lo agrario como un problema nacional, debido a que la migración de la población campesina es un hecho real que sitúa a los campesinos en contexto de sobrevivencia”. El investigador resaltó la necesidad de analizar al sujeto campesino en un contexto de agroindustria y agronegocio y de dependencia del precio de los productos agrícolas, definido en el mercado internacional.

Por su parte, Luis Andrango presidente de la de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), además de resaltar la importancia de inormación para el debate público y la lucha de las organizaciones campesinas e indígenas, mencionó que “existe una prevalencia sustancial de inversión de la Revolución Ciudadana a la agroindustria de la Costa, afectando el rol protagónico histórico de la economía campesina”. Este “despojo” del campo visibiliza la realidad del campesino determinada por un modelo agrario que hace que la agricultura de alta tecnología eleve los costos de producción de los campesinos. Andrango planteó que uno de los desafíos es fortalecer la producción campesina y sostener los procesos de comercialización por parte del Estado.

Rosa López, portavoz de Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador (AMPDE) remarcó que la estructura actual en el tema del agro está sostenida por las mujeres rurales. Esta feminización de lo agrario significa la feminización de la pobreza ya que los sistemas productivos aseguran su economía por medio de la contratación de la mano de obra femenina con la ausencia de seguridad social y derechos. Resalto además la necesidad de incorporar las demandas y propuestas de las organizaciones de mujeres en el debate.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) Humberto Cholango se refirió sobre el Sumak Kawsay como “un nuevo paradigma civilizatorio que requiere de una transformación verdadera de este país donde los territorios tomen en cuenta la visión sobre economía de las nacionalidades y pueblos”; para lo cual es necesario la voluntad política para llevar a delante las transformaciones estructurales.

Desde la posición gubernamental el Ministro de Agricultura Javier Ponce, señaló que “el gobierno comparte la preocupación de los autores y las organizaciones sobre la importancia de la redistribución y que se procura abordar el tema desde la instancia gubernamental y sus instituciones”. Mencionó que la inversión social en el agro a pesar de no haber sido sostenida es reciente y significa también que la redistribución debe combinarse con políticas pragmáticas y eficiencia económica. Aunque no existe fortalecimiento a la economía familiar campesina, las políticas no sólo deben dotar de mayor inversión sino articularse a estas economías más pequeñas para garantizar la seguridad alimentaria. Ponce reconoció la demanda de las organizaciones sobre la importancia de la transferencias de poder y participación a los actores de la economía familiar campesina.

Esta presentación permitió fortalecer el debate de tierras en un escenario falto de posicionamiento estatal, las voces de los actores del agro visibilizaron la urgencia de resolver temas como el de la redistribución para poner fin con la inequidad de la concentración de tierras en las zonas donde hay mayor inversión de capital y agroindustria; la importancia de la inclusión de la economía familiar campesina en los sistemas productivos estatales con inversiones estratégicas, profundizar en el tratamiento de tierras como un espacio de poder político y económico en el cual los actores rurales son centrales para la toma de decisiones.

FUENTE: Fundación Rosa Luxemburg, 12 de julio, 2012

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